La vacuna debe ser un bien público gratuito garantizado por el Estado, al que todos los ciudadanos y ciudadanas deben tener acceso en un plazo razonable. En el esfuerzo para que llegue a toda la población, el sector privado podría contribuir como parte de la cadena logística en la provisión pública de la vacunación. Sin embargo, su intervención no debe perturbar las negociaciones para la compra de vacunas ni el cumplimiento de las fases y prioridades del Plan Nacional de Vacunación.