Si la población peruana entera no está vacunada, no estaremos libres de la epidemia de la Covid-19. Vacunarnos es una obligación por la salud de todos y todas y un compromiso con el bienestar común. Por ello, la vacuna debe ser un bien público gratuito garantizado por el Estado, al que todos los ciudadanos y ciudadanas deben tener acceso en los plazos en que sea posible. En el esfuerzo nacional para que la vacuna llegue a toda la población, el sector privado podría contribuir como parte de la cadena logística en la provisión pública de la vacunación.
PRONUNCIAMIENTO
Vacunación gratuita, ordenada y rápida
Saludamos la inclusión de las personas mayores de 60 años a la primera fase del Plan Nacional de Vacunación, asegurando simultáneamente que se complete la vacunación del personal de los servicios de salud bajo riesgo (personal asistencial, administrativo, limpieza, seguridad, transporte, etc.), quienes por su exposición al virus pueden contraer la infección de la COVID 19 y poner sus vidas en peligro. Ellos deben ser los primeros en recibir la vacuna, tal como viene ocurriendo.
La priorización considerada en el Plan Nacional de Vacunación, en tanto no se resuelvan las limitaciones en el abastecimiento de vacunas, debe conjugarse con la variable territorial, dando prioridad a los adultos mayores que residan en las regiones donde haya mayor contagio del virus.
Para garantizar la correcta distribución de vacunas se requiere una comunicación/difusión constante de la información sobre los contratos, la cantidad de vacunas comprometidas y las fechas confirmadas de llegada de los lotes al país. Además, es fundamental resolver cuanto antes las dificultades para configurar los padrones, realizar los registros y comunicar oportuna y detalladamente a los públicos objetivos de cada fase: quién, cuándo, cómo y dónde se podrán vacunar.
La vacuna debe ser un bien público gratuito garantizado por el Estado, al que todos los ciudadanos y ciudadanas deben tener acceso en un plazo razonable. En el esfuerzo para que llegue a toda la población, el sector privado podría contribuir como parte de la cadena logística en la provisión pública de la vacunación. Sin embargo, su intervención no debe perturbar las negociaciones para la compra de vacunas ni el cumplimiento de las fases y prioridades del Plan Nacional de Vacunación. En el despliegue de este plan, debe garantizarse el control preventivo concurrente de la Contraloría de la República y el funcionamiento de mecanismos de control que vigilen el cumplimiento del derecho a la salud de la ciudadanía y se eviten actos de corrupción en las diferentes escalas de la provisión de este crucial servicio, que pueden afectar la gobernanza democrática en el país
Lima, 28 de febrero del 2021
Suscriben por la Plataforma:
Laura Altobelli Meier, José Miguel Arca Gonzáles del Valle, Eduardo Arenas Silvera, María Edith Baca Cabrejos, Celeste Cambría Rosset, Susana Chávez Alvarado, Milka Dinev Olivares, Miguel Gutiérrez Ramos, Alfredo Guzmán Changanaquí, Lizardo Huamán Ángulo, Jhony Juárez Montalván, Hans Landolt Pardo, Roberto López Linares, José López Ricci, Juan Pablo Murillo, Julio Rondinel Cano, Marta Rondón Rondón, Mercedes Neves Murillo, Percy Ocampo Rujel, Sandra Vallenas Béjar, Eugenio Villar Montesinos, Carlos Vizcarra Velazco
La Plataforma Ciudadana para la Formulación de Políticas Públicas en Salud y Derechos Humanos está integrada por ciudadanos y profesionales peruanos con diversas experiencias y conocimientos y que tienen el propósito común de contribuir a superar la grave crisis sanitaria originada por el Covid-19.