Seguimos siendo testigos de la escasez de oxígeno medicinal que debilita severamente los esfuerzos del país para enfrentar la pandemia, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno. No es solamente un asunto del corto plazo sino también del mediano y largo plazo, porque no puede descartarse la posibilidad de una siguiente ola de la COVID-19.

La vacuna debe ser un bien público gratuito garantizado por el Estado, al que todos los ciudadanos y ciudadanas deben tener acceso en un plazo razonable. En el esfuerzo para que llegue a toda la población, el sector privado podría contribuir como parte de la cadena logística en la provisión pública de la vacunación. Sin embargo, su intervención no debe perturbar las negociaciones para la compra de vacunas ni el cumplimiento de las fases y prioridades del Plan Nacional de Vacunación.

La mayoría de peruanos y peruanas rechazamos el aprovechamiento indebido de las vacunas en experimentación, distribuidas y usadas discrecionalmente por funcionarios públicos y privados. Este hecho no deben entorpecer el proceso de vacunación de nuestra población, imperativo para salvar vidas y limitar la letalidad de esta pandemia.

El Doctor Víctor Zamora, exministro de Salud y miembro de esta Plataforma Ciudadana, es objeto de una absurda e infundada acusación de carácter constitucional por parte del Congreso. La acusación no tipifica falta o delito alguno y debilita profundamente a las instituciones públicas porque amenaza a los funcionarios que deben tomar decisiones y asumir riesgos. Llamamos a rechazar la mencionada acusación porque no tiene como fin la protección de la salud ni la lucha contra la corrupción, sino el agravio y descalificación del adversario político.