PRONUNCIAMIENTO

En defensa de la democracia, la gobernabilidad y el derecho a la salud

La crisis política generada por las sostenidas tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, ha tenido el peor desenlace esperado. Con indicios razonables que deben ser investigados y podrían ameritar una causa judicial, el Presidente Vizcarra ha sido vacado por una mayoría congresal a 5 meses de nuevas elecciones generales, colocándonos frente a serios obstáculos para enfrentar el Covid-19 y los graves pendientes en la salud pública.

La juramentación del Congresista Manuel Merino como Presidente de la República, realizada el 10 de noviembre, fue resultado del apoyo de 105 congresistas, muchos de los cuales están comprendidos en procesos judiciales de corrupción. Ellos tendrán también 9 meses de control del Ejecutivo, generando un gran desequilibrio de poderes, por lo que se ve con mucha preocupación que asuman la elección de 6 de 7 integrantes del Trib›unal Constitucional, al ser esta la única instancia que podría enmendar sus despropósitos constitucionales y favorecer la impunidad de sus delitos.

Mientras tanto, el malestar e incertidumbre de la ciudadanía es amplio a lo largo y ancho de nuestro país. Se vienen dando diversas manifestaciones de protesta social, frente a las cuales se observa una respuesta represiva que podría escalar y agudizar el tenor de las justas y legítimas manifestaciones ciudadanas.

Como espacio de sociedad civil manifestamos nuestra profunda preocupación y nos aunamos a las expresiones de rechazo frente a la arbitrariedad congresal y señalamos:

a) Demandamos que se garantice el desarrollo de las próximas elecciones, de acuerdo al calendario establecido;

b) Vemos urgente nuestra articulación como sociedad civil para defender la democracia, sin descuidar la atención de la salud. Se insta a la ciudadanía a expresarse manteniendo el distanciamiento social y la mascarilla. No buscamos que ningún ciudadano más se sacrifique.

c) Realizamos un llamado a las instituciones gremiales y profesionales para reforzar, proteger y hacer que los servicios de salud continúen brindando sus servicios. Los peruanos y peruanas necesitamos cuidarnos.

d) Invitamos a los gobiernos regionales y locales a tomar el liderazgo en la protección de la seguridad y la salud de la ciudadanía.

e) Demandamos que el gobierno impuesto, ilegitimo constitucionalmente, no agudice la precariedad institucional en que nos ha colocado y hacemos un llamado al MINSA, y a sus trabajadores de la salud comprometidos con la salud pública, a que velen por la continuidad y calidad de los servicios de salud y una respuesta adecuada frente a la emergencia sanitaria.

f) Proponemos el fortalecimiento de la vigilancia ciudadana para que el Congreso no apruebe medidas lesivas a los derechos humanos, incluyendo la renuncia al Pacto de San José; y,

g) Demandamos garantizar la integridad y los derechos de los ciudadanos injustamente detenidos por ejercer su derecho a la protesta. Exigimos su inmediata liberación.

Convocamos a instituciones, organizaciones y ciudadanía en general a establecer la mayor y mejor articulación posible para generar distintas iniciativas de vigilancias, comunicación y movilización ciudadana.

Lima, 11 de noviembre del 2020