Desde el 29 de febrero en que el Estado ecuatoriano anunció el primer caso de Covid-19 confirmado por una prueba PCR, han transcurrido seis meses en medio de una grave negligencia y omisiones para cumplir con el objetivo principal que tuvo el estado de excepción adoptado el 16 de marzo: afrontar con todos los recursos disponibles la emergencia sanitaria.

El próximo 12 de septiembre, se cumplirán 180 días consecutivos de excepcionalidad y toque de queda, aunque desde mediados de mayo se registra un constante aligeramiento de las medidas de restricción a las libertades de tránsito y asociación adoptadas. Así mismo, durante este tiempo se ha evidenciado una transición entre la imposición de medidas de control y criminalización por parte de la fuerza pública, hacia una política de “reactivación económica” que ha sido dictada a partir de las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional y la presión de las élites económicas locales y transnacionales.

Este artículo analiza, en base al monitoreo diario que hemos realizado desde el 16 de marzo, la evolución del brote de Covid-19 desde tres perspectivas: 1) en su contexto regional en Sudamérica y el mundo; 2) sobre la existencia de indicadores públicos nacionales, provinciales y cantonales que permiten tener un mejor conocimiento sobre la situación de la pandemia; 3) la evolución de casos confirmados en relación con las medidas adoptadas para enfrentarla…