Desde el mes de mayo, el doctor Iván Duque, Presidente de la República de Colombia, sus ministros-as y asesores-as han centrado la comunicación frente a la pandemia del COVID 19 en las siguiente medidas: garantizar la reapertura de actividades con el argumento de mantener la estabilidad económica para el país; delegar en las autoridades departamentales y municipales la contención y mitigación de la pandemia, dejando en cabeza del gobierno central la decisión de cuarentena en los municipios, y responsabilizar a la ciudadanía de las medidas de autocuidado estricto para controlar la transmisión. En la práctica se confía en que el sistema de aseguramiento funcione mientras la política de control se centra en: a) la expedición de normas y protocolos de bioseguridad para cumplir en escenarios diversos y desiguales, b) seguimiento de indicadores epidemiológicos y porcentaje de uso de servicios críticos, c) entrega de ventiladores y aumento en número de pruebas. Se busca transmitir un mensaje de control absoluto de todos los factores generando así un aparente bajo riesgo sanitario, para justificar la reapertura económica.

La decisión de reapertura en Colombia a diferencia de otros países se tomó en un momento de inicio de crecimiento de los casos. El día sin IVA resultó funesto. Como era lo esperado, se incrementó la movilidad de los trabajadores asalariados y del sector informal de la economía, acelerando así los contagios. Se suponía que los servicios estarían preparados y en el límite de ocupación se podrían hacer, cuarentenas focalizadas y selectivas…